La Ley 21.025, promulgada el 27 de julio de 2017 y que comenzará a regir el 1 de diciembre de 2017, modifica el Gobierno Corporativo de ENAP y le otorga un sistema de gobernanza claro a la empresa, estableciendo con claridad los roles de decisión, supervisión y ejecución de las decisiones de la empresa. De esta manera, se reduce el número de directores de 8 a 7, y se recoge el primer elemento de recomendación de la OCDE, que significa la exclusión del Ministro de Energía de su integración y la fijación de un modelo profesional y sin representación de gremios.
De los siete miembros, dos serán designados directamente por el Presidente de la República, cuatro provendrán de propuestas del Sistema de Alta Dirección Pública, y uno será propuesto por todos los trabajadores de la empresa. De esta manera, se mejora la integración de su directorio evitando la existencia de eventuales conflictos de interés y buscando un mecanismo óptimo para la selección de candidatos idóneos y calificados.
Asimismo, la Ley establece la necesidad de contar con plan quinquenal de negocios y desarrollo, que es elaborado y preparado por los organismos de dirección y ejecución, para ser presentado a la junta de accionistas. Este deberá ser actualizado anualmente. También la Ley incorpora una capitalización por hasta US$ 400 millones, recursos que se destinarán a amortizar deuda y necesidades de inversión.